Chiva vuelve a movilizarse en defensa de su Sierra y frente a la amenaza del macroparque fotovoltaico

 

Reportaje de Clara Castellote Moreno.

El pasado domingo 06 de febrero, más de una veintena de municipios volvieron a manifestar públicamente su rechazo a la instalación de megaparques fotovoltaicos en entornos naturales y paisajísticos. 

La movilización simultánea de Villar, Alcalà-Alcossebre, Utiel, Requena, Borriol, Ayora, Sant Joan de Moro, Montesa-La Costera, Siete Aguas, Chiva, Catadau, Buñol, Les coves de Vinromà, Alzira, La Vall d’Uixó, Monòver, Elda-Petrer, Carcaixent, Vilafamés, Camporrobles y Chella, evidencian que no se trata de un problema municipal, más bien autonómico y estatal, reclamando una modificación inmediata del Decreto 14/2020 del Consell. 

La ciudadanía de Chiva sigue manifestándose con cada convocatoria que la agrupación de asociaciones Salvemos Brihuela realiza. La asistencia, como siempre, ha sido numerosa y ha contado con el apoyo del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Chiva y con la presencia de medios de comunicación nacionales, lo que supone un altavoz que puede conectar a la localidad con otros municipios en la misma situación. 

En medio de la crisis climática y energética existente, las grandes empresas multinacionales dedicadas a la instalación de productos generadores de energía renovable, como son las placas solares o los molinos de viento, están aprovechando para aumentar sus beneficios con la construcción de campos kilométricos en los que solamente encontramos estos artículos. Está claro que la sociedad está dispuesta a una transición ecológica, a una nueva forma de vida en la que el cuidado del medioambiente sea el centro de todo, pero el problema radica en que estas obras están localizadas en zonas donde se ha de arrasar con montes, terminar con la biodiversidad del lugar o destrozar el paisaje natural. 

Uno de estos ejemplos es la planta fotovoltaica que la empresa Falck Renewables Power quiere levantar en la localidad valenciana de Chiva. Este macroproyecto cuenta con una extensión de 743 hectáreas, y se construiría a escasos metros del Paraje Natural Municipal Sierra de Chiva, el más grande de toda la Comunidad Valenciana. Desde la agrupación de asociaciones Salvemos Brihuela denuncian que las culpables de esta situación son las instituciones supramunicipales, puesto que aprueban leyes que fomentan las energías renovables, pero no tienen en cuenta las consecuencias negativas en los territorios donde se implantan. “Aprueban leyes sin ninguna planificación previa que regule estas actividades y dejando indefensos a los municipios al criterio de las empresas la decisión de las ubicaciones y las extensiones de los proyectos”, cuentan integrantes de la organización. Este grupo ha conseguido movilizar a la ciudadanía y presentar alegaciones a las instituciones competentes, además de reunirse con la administración autonómica para intentar parar la construcción.

La agrupación culpa a la empresa responsable de dedicarse a ‘comprar’ el apoyo de varias asociaciones vecinales, como recogen en uno su comunicado titulado 743 ha, más de mil campos de fútbol, con el objetivo de apoyar el proyecto de Falck Renewables. “Ofrecen importantes cantidades de dinero a diferentes asociaciones locales a cambio de su apoyo al proyecto. En su ideario particular está que el dinero lo compra todo, pero debemos demostrarles que la voluntad de un pueblo por conservar su patrimonio natural no se compra con dinero”, comentan componentes de Salvemos Brihuela en dicho texto.

Actualmente el Ayuntamiento de Chiva tiene en marcha la modificación del planeamiento urbanístico para modificar los usos en suelo no urbanizable, como ya se anunció con la publicación: “¿Qué hace el Ayto de Chiva para frenar el megaparque fotovoltaico?” Esta contundente medida se suma a las alegaciones que se presentaron por parte del Consistorio para intentar parar la construcción del macroparque, sumándose a las alegaciones ciudadanas llevadas a cabo por Salvemos Brihuela. Todo ello sumado a los informes desfavorables de compatibilidad urbanística emitidos por el consistorio. 

Además, a través del Portal de Participación Ciudadana, se encuestó en su día a las vecinas y los vecinos de la localidad para conocer su opinión acerca del proyecto, donde se pudo observar el impresionante rechazo que causa en la ciudadanía. 

Una vez conocida la opinión ciudadana y sabiendo el problema medioambiental que supone la instalación de estas placas solares, el Ayuntamiento decretó la suspensión de licencias para la instalación de parques fotovoltaicos superiores a diez hectáreas

Recientemente, el Ayuntamiento de Chiva, a través de la concejalía de Desarrollo Urbano y Sostenibilidad, puso en marcha la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en el que se recogerá la protección medioambiental de varias zonas de suelo del municipio, lo que supone una protección del paraje y su entorno para evitar que se puedan llevar a cabo megaconstrucciones como la que se pretende construir. 

El pasado 27 de enero visitó la localidad Estefanía Blanes, diputada y portavoz adjunta de Unides Podem – Esquerra Unida en Les Corts Valencianes, para reunirse con los concejales Manu Clemente Silla y Enrique Nácher Sánchez, así como, con los representantes de la agrupación de asociaciones Salvemos Brihuela, para conocer el problema de primera mano y establecer un cauce directo entre ambas instituciones para trabajar conjuntamente en este ámbito con la misma voluntad: que la transformación energética no sea a coste de la destrucción del territorio. Esta visita es de gran importancia para el municipio, pues los Ayuntamientos no cuentan con las competencias necesarias para poder parar este tipo de proyectos y necesitan la colaboración de la administración autonómica.

Por su parte, Blanes se comprometió a realizar las propuestas de modificaciones legislativas necesarias para que las grandes empresas energéticas encuentren más dificultades a la hora de actuar en los parajes de las localidades valencianas. 

La clave, señala Clemente, es “la carencia de competencias en suelo rústico por parte de los Ayuntamientos”, quedando los municipios sin capacidad de decisión, ya que todos los informes y decisiones locales no son vinculantes. “A pesar de ello, el ingenio y la firmeza del Gobierno contra este ataque a nuestra Sierra, nos lleva a poner en marcha todos los mecanismos legales con los que intentar frenar la destrucción de nuestro territorio”, zanja el edil. 

A pesar de todas las dificultades burocráticas con las que Chiva y el resto de municipios afectados se están encontrando para salvar uno de sus bienes más preciados, hay una cosa que queda clara: los pueblos no se rinden.