Traspasos de hasta 18.000 euros para vaciar la empresa pública de Chiva


Noticia publicada por El Mundo.

La jueza impone una fianza civil de más de 130.000 euros por el desvío de dinero público del Ayuntamiento a través de Suma Chiva.

Los movimientos bancarios de la cuenta corriente de Suma Chiva SA, la empresa pública que ha motivado una querella de la Fiscalía de Valencia por presunta corrupción política, incluyen transferencias de hasta 18.000 euros a una cuenta cuya titularidad se desconoce que coinciden con en el periodo en el que se habrían cometido los presuntos hechos delictivos. 

Según apunta la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO, sólo en el año 2012, la investigación ha acreditado el traspaso del dinero público que recibía esta sociedad del Ayuntamiento de Chiva a la cuenta bajo sospecha que el juzgado sigue investigando. Según fuentes próximas al caso, la entidad bancaria a la que se desvió el dinero aún no ha contestado a los requerimientos del juzgado. 

La Fiscalía atribuye la responsabilidad penal de estos hechos a José Manuel Haro, ex alcalde de Chiva y actual portavoz del grupo municipal popular; el ex regidor de Urbanismo, Marcos Navarro; y el ex gerente de Suma Chiva SA, Pascual Navarro. Los tres están imputados -ahora, investigados- por los presuntos delitos continuados de malversación, falsedad en documento mercantil y prevaricación. 

José Manuel Haro fue uno de los diputados provinciales de la máxima confianza del ex presidente Alfonso Rus, quien a juicio policial dirigía una presunta red de recaudadores, y el PP de Valencia decidió no volverle a nombrar diputado en 2015 al desconfiar de su gestión, según admiten diversas fuentes. 

El dinero traspasado a la cuenta cuya titularidad se desconoce varía en función de las fechas. La mayoría de transferencias oscilan entre los dos mil y diez mil euros aunque también aparecen traspasos de más de 18.000 euros. 

 

 

La magistrada instructora, la jueza Esther López, ha acordado ya la imposición de una fianza civil de 130.954 euros para garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de esta causa. La medida cautelar fue recurrida por la defensa de Haro, pero el juzgado desestimó el recurso de reforma. 

Según consta en uno de los autos del juzgado incluido en el sumario, la querella que presentó la Fiscalía a raíz de la denuncia que interpuso el grupo municipal de Esquerra Unida (EUPV) recoge «hechos suficientemente concretados y determinados» que motiva la interposición de esta fianza civil. La instructora considera que existen «indicios de criminalidad» y «procede a adoptar las medidas cautelares necesarias con el fin de garantizar el abono de las responsabilidades civiles que puedan derivarse». 

El hombre de Rus en la Diputación alegó que «la medida cautelar adoptada no estaría justificada» pero le jueza no le da la razón porque «del contenido de la querella, las diligencias de investigación previa de la Fiscalía de Valencia y la abundante documental aportada, se permiten entender cumplidos los requisitos legales» para imponer esta fianza de responsabilidad civil. 

El ministerio fiscal considera que Haro y su concejal de Urbanismo «abusando ambos de sus facultades por el control que tenían en dicho Ayuntamiento por los cargos que poseían, abonaron facturas a Suma Chiva SA, con cargo a los fondos del Ayuntamiento de Chiva». Unas facturas que, a juicio de la Fiscalía, «no obedecían a los servicios que se hacían constar en las mismas y que eran presentadas al cobro» por el gerente querellado. 

Según consta en la querella, «pagadas las facturas en la cuenta corriente de Suma Chiva, los importes eran traspasados sucesivamente a otra cuenta cuyo titular se desconoce». El capital social, 69.000 euros en total, también se esfumó de la cuenta. 

La instrucción de esta causa se retoma la próxima semana con el interrogatorio como testigo, el día 20 de abril, de la ex secretaria municipal, Paz Zaragozá Campos.